Durante el segundo cuarto del siglo XX en México se consideraba que las actividades de ahorro y préstamo únicamente podrían ser desempeñadas, con eficiencia y transparencia, por las empresas de los sectores público y privado. Por esa razón, la Ley General de Sociedades Cooperativas de 1938 prohibió la constitución de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAP). Pero la realidad se impuso y, al margen de toda legislación, desde principios de los años 50 hasta inicios de los 90, se implementaron diversos mecanismos de ahorro y préstamo basados en la ayuda mutua. Entre ellos destaca el Movimiento Nacional de Cajas Populares (MNCP), así lo mencionó el doctor Juan José Rojas Herrera, de la Universidad Autónoma de Chapingo.
El también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias realizó una revisión histórica del avance y desarrollo del cooperativismo de ahorro y préstamo en México durante el foro Contraste de las finanzas solidarias en México y Paraguay, organizado por el posgrado en Estudios Sociales para conmemorar los 25 años de su fundación. “En esa primera época proliferaron diversas formas de ahorro —continuó—, la iglesia, mediante sus oficinas parroquiales, cobijó a las cajas de ahorro popular, de ahí los nombres de santos en estas cooperativas”.
El primer intento por regular las SCAP fue en 1991, cuando se presentó el proyecto legislativo mediante el cual se daba vida a la figura de la Sociedad de Ahorro y Préstamo (SAP), otorgándoles un año de gracia para solicitar su registro o cesar sus operaciones. Sin embargo, los resultados no fueron los deseados; sólo 64 cajas populares cumplieron con la ley regulatoria, mientras que otras tantas procedieron a solicitar su registro en forma individual. La mayoría permaneció a la espera, lo que constituyó un error histórico por parte del MNCP, así lo consideró el experto.
Las cajas populares que decidieron asumir la figura de SAP dieron origen a la Caja Popular Mexicana, que cuenta con más de tres millones de socios. La diferencia en tamaño profundizó la unidad interna, y las SAP dejaron de autorregularse. Los socios debían presentar garantías prendarias y fueron tratados como simples clientes, adoptaron prácticas bancarias, se desnaturalizó la sociedad cooperativa y la actividad financiera se impuso frente al compromiso social.
Luego del gran desfalco perpetrado contra 250 mil ahorradores, en 2001 se promulgó la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que buscaba cubrir el vacío existente en materia de regulación y supervisión de las actividades de las SCAP. En 2008, la inmensa mayoría de estas sociedades aún no habían obtenido la autorización para operar. Dado el marcado contenido bancario y mercantil de esta ley, se desencadenó una larga lucha de resistencia que se prolongó a lo largo de ocho años. Durante este periodo, el sector cooperativo de ahorro y préstamo sufrió una profunda división y se generó un ambiente de encono y desconfianza generalizada.
Actualmente, existe un total de 523 cooperativas inscritas en el Registro Nacional de SCAP, las cuales, en conjunto, administran activos por más de 250 mil millones de pesos e integran a 9 572 263 socios. Sin embargo, una característica de dichas cooperativas es su excesiva concentración, ya que 154 de ellas administran 97% de los activos totales del sector y representan 93% de los socios. Por si fuera poco, una sola cooperativa, la Caja Popular Mexicana, con poco más de tres millones de socios, concentra más de la tercera parte de los socios a nivel nacional. En el polo opuesto se sitúan 264 SCAP que operan en nivel básico y sólo administran 1% de los activos del sector, representando escasamente al 2% de los socios.
La consecuencia de lo antes descrito ha sido la depuración selectiva y forzosa del sector, el fortalecimiento de las entidades más grandes y la desaparición de las más pequeñas, lo cual provocó que la población de escasos recursos permaneciera rezagada en materia de servicios financieros. Frente a esta realidad, urge una reforma integral de la Ley Regulatoria de las SCAP o la creación de un nuevo ordenamiento jurídico que respete la naturaleza y fines sociales de estas sociedades, así como su espíritu e identidad cooperativa, establezca un límite al crecimiento para que no se imponga el capital sobre las necesidades de las personas, y mantenga un compromiso inequívoco con un territorio y una población determinadas. Estos deben ser los elementos centrales del nuevo marco regulatorio, concluyó el experto.
