Archivo General de la Nación
En México no se cuenta con una amplia experiencia en procesos de verdad y memoria debido a que aquí se vivió un periodo de régimen autoritario caracterizado como guerra sucia, a diferencia de otras experiencias en América Latina que sufrieron dictaduras. Fue hasta después del año 2000, luego de la transición democrática que desplazó del poder político al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que surgieron ciertas recomendaciones por parte de la Fiscalía Especial de Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, instancia encargada de la investigación de lo ocurrido durante la llamada guerra sucia, comentó la maestra Jessica Chantal Alcázar Romero, defensora de los derechos humanos en el acompañamiento de víctimas y familiares de víctimas de diversas violencias.
Durante la conferencia denominada “Los archivos de la represión como fuentes históricas fundamentales para la verdad y la memoria”, organizada por el maestro Miguel Galicia Orozco, encargado del Laboratorio de Historia, la activista abundó que fue hasta entonces que se reconocieron, por primera vez, como violencia de Estado las masacres ocurridas el 2 de octubre y el 10 de junio de 1968; y en 2002 se realizó la primera transferencia de documentos al Archivo General de la Nación (AGN) provenientes de las agencias encargadas de la investigación como la Dirección General de Seguridad, la de Investigaciones Políticas y Sociales y la SEDENA.
Una década después de la transferencia de documentación, en el 2012, el Congreso Estatal de Guerrero propuso la creación de la Comisión de la verdad (Converdad). Hábilmente, esta instancia obtuvo información no sólo de Guerrero, sino de la Liga Comunista 23 de Septiembre, e inclusive del Comité de Madres de Desaparecidos Eureka; a pesar de que se autorizó la búsqueda de 1960 a 1980, ellos rescataron información hasta la década de 1990. Durante sus dos años de existencia, esta comisión obtuvo del AGN 310 mil documentos que permiten constatar lo ocurrido durante la época de represión priísta.
Los excomisionados, al término de su mandato, decidieron entregar la documentación rescatada a la organización Artículo 19, que se dedica al acceso a la información y a la libertad de expresión en defensa de periodistas; y, aunque la salvaguarda de esa información no forma parte del propósito de la organización de ámbito internacional, recibieron los archivos con la intención de publicarlos, ya que el Artículo 36 de la Ley General de Archivos les brinda el marco normativo para poner a disposición pública los documentos que constatan las graves violaciones a derechos humanos cometidos por el Estado mexicano en aquella época.
Alcázar Romero, colaboradora de Artículo 19, comenta que no se limitaron a resguardar los documentos recibidos, sino que se dieron a la tarea de sistematizar, analizar y catalogar los documentos utilizando una amplia serie de metadatos que permiten poner a disposición de familiares, investigadores y público en general, información minuciosa en los denominados Archivos de la Represión, ello con la finalidad de ofrecer acceso a la verdad a partir de la identificación de los autores materiales e intelectuales de estos crímenes, las causas que originaron el abuso, las desapariciones forzadas y muertes.
Luego de su publicación en 2018, familiares de sobrevivientes se acercaron a Artículo 19 para entregar sus propios archivos, solicitando también fueran publicados. Este tipo de documentos tienen una función distinta a la recuperada de instancias gubernamentales; por lo que la organización defensora de derechos humanos decidió crear los Archivos de la Resistencia, que es una plataforma que, al igual que los Archivos de la Represión, busca conocer la historia de la lucha y la resistencia, nace de la necesidad del derecho a la verdad desde la voz de las víctimas y los familiares sobrevivientes, a la fecha se tienen más de 50 mil documentos digitalizados.
Mientras que los Archivos de la Represión permiten conocer las violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Estado mexicano de aquella época —como detenciones, procesos judiciales o extrajudiciales, ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, acciones de contrainsurgencia y acciones del ejército y fuerzas policiales contra civiles, nombres y códigos de identificación de los autores materiales e intelectuales— los Archivos de la Resistencia dejan ver fragmentos de lo ocurrido, rutas de acceso a la justicia, quiénes conformaron las organizaciones sociales, cómo se organizaban; recuperan la memoria histórica, dignifican a los militantes, víctimas y sobrevivientes así como a las familias de las víctimas.
La difusión de estos documentos es importante porque ayuda a develar y evidenciar lo ocurrido durante la guerra sucia y a interpretar la crisis humanitaria que hoy seguimos viviendo, advirtió la historiadora. Los archivos ayudan a preservar la memoria, son fundamentales para garantizar la no repetición de los crímenes y para emprender procesos de judicialización, aunque sea un tema a largo plazo, es importante pensar en procesos de justicia. Una vez digitalizados dichos documentos, y para preservarlos en buen estado, Artículo 19 y familiares de las víctimas decidieron que sea el Centro Cultural Tlatelolco quien los tenga en resguardo final.
En ese centro cultural los investigadores podrán acceder a estas fuentes, los historiadores tienen una responsabilidad ética por la búsqueda fidedigna y las interpretaciones más adecuadas del pasado —aseveró la investigadora—, es responsabilidad de todos “denunciar a los militantes del olvido, traficantes de documentos, asesinos de la memoria, revisores de enciclopedias y conspiradores del silencio. Creo que tenemos que hablar y decir lo que ocurrió, si no como una mera verdad, sí como fragmentos de la verdad que nos ayudan a esclarecer el olvido y responsabilizar a quienes no garantizan los derechos humanos”.
La ponencia fue moderada por la doctora Andrea Guerrero Mosquera, quien coincidió con el maestro Galicia Orozco al mencionar que el objetivo de esta plática fue divulgar investigaciones actuales que sirvan a un público amplio, tanto para estudiantes de licenciatura como de posgrado, y a personas externas que están interesadas en la historia e historiografía. Para que los estudiantes trabajen en temas de actualidad, es necesario que cuenten con un espectro más amplio de temas en el proceso de elaboración de tesis, tesinas o artículos.
