NO SE PODRÍAN EXPLICAR LOS AVANCES EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SIN EL MOVIMIENTO FEMINISTA.
Uno de los puntos relevantes que consideran los estudios de la economía feminista es el valor del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y su incidencia en el campo macroeconómico. En algunos países, como Ecuador, se han aplicado políticas públicas específicas para gratificar o al menos garantizar la seguridad social de las mujeres que se hacen cargo de las labores del hogar.
En el marco del segundo ciclo de conferencias Economía y feminismo, organizado por la coordinación de la licenciatura de Economía de la UAM-I, la maestra Renata Turrent Hegewisch dictó su ponencia “Gobierno, mujeres y políticas públicas”. En su exposición destacó la importancia de impulsar en México políticas públicas universales en materia de los derechos de las mujeres.
La entrada masiva de las mujeres al mercado laboral implicó una redistribución del trabajo remunerado fuera del hogar; sin embargo, eso no se ha traducido en una distribución equitativa del trabajo dentro del mismo. Esa repartición de las labores en la casa tiene que trabajarse de manera más justa entre los miembros de la familia, pero es el Estado quien tiene la responsabilidad de aplicar políticas del cuidado, ya que “el trabajo que realizan las mujeres en casa es equivalente al 24% del Producto Interno Bruto (PIB)”.
En la mesa, moderada por la doctora Elizabeth Concha Ramírez, Turrent Hegewisch aseguró que no es suficiente la remuneración económica, es necesario que el trabajo del hogar contenga un valor social, abogando por “considerar el bienestar en la medición del éxito económico”, y que en la construcción de las políticas públicas exista la incidencia de juicios éticos.
Señaló que de acuerdo con datos del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuando una pareja tiene hijos, las mujeres dedican 39.2 horas a la semana en el hogar, mientras que los hombres, sólo 13.9 horas (tres veces menos). En cuanto al trabajo de cuidados, las mujeres lo realizan el 77% del total de horas, en contraste con el 23% de los hombres.
Las mujeres representan más de la mitad de la población; sin embargo, históricamente han sido rezagadas prácticamente en todos los ámbitos de la vida pública y privada. En relación con este tema, la subdirectora de la revista digital Sentido Común, presentó algunas políticas, tanto universales como focales, que se han implementado, sobre todo en la Ciudad de México.
La mayoría de las políticas universales benefician a las mujeres por su posición más vulnerable; por ejemplo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Mi Beca para Empezar, derecho constitucional universal en la Ciudad de México, la recibe la niñez desde el preescolar hasta la secundaria (una población mayoritariamente de mujeres). Sendero Seguro, se concibió desde una perspectiva feminista, para contribuir a la seguridad de la mujer. Utopías y Lavadoras Públicas en Iztapalapa, implícitamente apoya a las mujeres, ya que dedican el mayor porcentaje de horas al hogar y al cuidado.
Turrent Hegewisch refirió que, aunque falta mucho por hacer en la materia a nivel universal, existen políticas focales que han dado buenos resultados y que pueden replicarse en otros estados de la república. Entre éstas se encuentran: *765, línea telefónica que brinda orientación, intervención y respuesta inmediata en prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres desde la Ciudad de México. Otra es Abogadas de las Mujeres, estrategia que brinda asesoría y acompañamiento para iniciar una carpeta de investigación por algún delito por violencia de género, establecidas en todos los ministerios públicos. También las unidades territoriales de atención y prevención para mujeres víctimas de violencia, denominadas LUNAS, instaladas en las 16 alcaldías. De igual modo, la Ley: “El agresor sale de casa”, que establece que en caso de violencia de cualquier tipo, las mujeres siendo dueñas o no de su vivienda, no son las que deben abandonar el hogar, sino que es el violentador quien estaría obligado a irse.
Con respecto a la legislación en la Ciudad de México, apuntó que en 2007 se legalizó la interrupción del embarazo; le siguieron Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima. También se creó el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales. Se propuso establecer el Banco de ADN para la investigación forense de la Fiscalía, pero la Suprema Corte de Justicia lo rechazó. También mencionó la Ley Olimpia que castiga la violencia digital, y en materia legislativa la Ley de Paridad de Género.
La economista y analista política reconoció que no se podrían explicar todos estos avances en materia de los derechos de las mujeres sin el movimiento feminista, pero que es necesario profundizar en la erradicación de la violencia, en un sistema de cuidados, la interrupción legal del embarazo a nivel nacional, la universalización de salud pública y la seguridad social.
